Ante la sentencia en la causa Diaz Bessone: a 36 años del Golpe la justicia de los poderosos mantiene la impunidad.

Compartimos un post de Julia del CeProdDH y el PTS.
El lunes 26 se dictó la sentencia de la causa Diaz Bessone (antes conocida como la megacausa Feced), juicio que duro aproximadamente dos años y en el que dieron su testimonio cerca de 140 sobrevivientes y familiares.
Prisión perpetua para Díaz Bessone, ideólogo del terrorismo de estado en la Argentina así como para José Lofiego, el Ciego, torturador en el Servicio de Informaciones. A Mario Marcote, el Cura, le correspondieron 25 años. Ramón Vergara, el Sargento, 12 años, mientras José Scortecchini recibió una sanción aún menor, sólo una década. Esta condena es producto de la enorme lucha que dieron los organismos de Derechos Humanos, los familiares, las victimas y los partidos de izquierda que pelean día a día contra la impunidad y el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio.
Sin embargo es inaceptable que luego de que 140 sobrevivientes den su testimonio, volviendo a declarar una y otra vez y exponiéndose frente a sus torturadores la justicia burguesa otorga livianas penas a Marcote, Vergara y Scortecchini, mientras que la misma justicia, repleta de jueces que vienen de la dictadura, valiéndose ahora de la Ley Antiterrorista tiene pie para poner condenas similares o aún mayores a los trabajadores que salen a las calles a luchar por sus derechos, como ya se ve en los mas de 5000 procesados por luchar.
Saludamos que se condene a los militares, pero tenemos que ir mas allá de aquellas cabecillas, queremos el juicio y castigo a todos los responsables que integraron las patotas de la dictadura militar, los cómplices civiles e institucionales como la cúpula de la Iglesia y el empresariado argentino que ataco con saña a las Comisiones Internas y organizaciones obreras combativas, instalando incluso dentro de sus propias fabricas centros clandestinos de detención.
Desde 1983 a esta parte se registran 843 represores procesados, de los cuales solo 267 han sido condenados y únicamente 43 cuentan con condena firme. El 49,5% de los condenados se encuentra en cárceles comunes. Solo 3 recibieron la confirmación de la sentencia condenatoria en el 2011. Estos números chocan con la realidad de 600 centros clandestinos de detención y tortura. Si hay 267 condenados entonces para la justicia habría menos de un milico por centro clandestino.
Al cumplirse 36 años del Golpe, la impunidad continúa. Más de 9000 policías en la bonaerense siguen en funciones desde la dictadura, sin contar otras fuerzas como la Santafecina S.A que mantiene intacto el aparato represor de Feced y que el falso socialismo de Bonfatti y Binner sostienen. Este jueves 29 se cumplen dos años del asesinato de Silvia Suppo y todavía no hay un solo imputado en la causa. El gobierno provincial quiso hacerlo pasar como un crimen más, cuando los familiares, la izquierda y organismos de DDHH decíamos que era un crimen político hasta que se demuestre lo contrario.
 El PS no quiere investigar a fondo las responsabilidades de la policia santafecina porque tendria que desmantelar a esta mafia organizada, que tiene los indices de gatillo fácil mas altos del país, que maneja los prostíbulos y las redes de trata, que da vía libre y es cómplice de las barras bravas asesinas que el 1ero de enero se llevaron la vida de Mono, Jere y Patom, tres militantes del Frente Popular Darío Santillán.
Ya van 6 años sin Julio López y el gobierno de CFK hace de cuenta como si nunca hubiera existido, no dice una sola palabra sobre el compañero Lopez. El gobierno de los “Derechos Humanos” tiene en su haber de 18 muertos por protestas sociales (en el último año y medio) y 5000 procesados por luchar. La gendarmería de Nilda Garre espía, se infiltra y realiza inteligencia utilizando los mismos métodos del sangriento terrorismo de Estado, sobre delegados de fabricas, como nuestro compañero Poke Hermosilla de Kraft Terrabusi, sobre nietas recuperadas como Victoria Moyano del PTS o sobre Madres de Plaza de Mayo como Elia Espen.
Desde el Ce.Pro.DH exigimos al gobierno nacional y provincial urgente apertura de los archivos del Estado donde se registran todos los militares y civiles que estuvieron al servicio de la dictadura, la unificación de los juicios por centros clandestinos o circuitos de detención y la cárcel común y efectiva a todos los responsables de la dictadura militar, para que sea efectiva la seguridad de los testigos, que no tendrían que desfilar por numerosos juicios exhibiéndose frente a sus torturadores sufriendo todo tipo de amenazas.
Anuncios