A un año del asesinato político de Mono, Jere y Patom. El rol del Estado, al desnudo.

A lo que pasó ese día los medios de comunicación y el gobierno “socialista” le tenían reservadas las páginas de “policiales”. Sin embargo, por la profunda trensa entre el mundo del narcotráfico y el Estado provincial, se trata de un crimen político que, con justicia, hay que ubicarlo al lado del fusilamiento de Mariano Ferreyra, Maxi y Darío, o las víctimas del Parque Indoamericano o las matanzas de Qom.patom-jere-mono 3

Hace exactamente 365 días, el ya caduco 2012 arrancó descolocándonos a todos con una noticia desagradable y terrible: tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán, miembros del M26 de Villa Moreno, que disfrutaban de los festejos de un año nuevo, habían sido acribillados a sangre fría. Poco después ya sabíamos que a Jeremías, el Mono y Patom, los habían fusilado “por error”, en un ataque que encabezó un barrabrava ñuvelista, el Quemado Rodríguez, en venganza por una balacera que sufrió su hijo, por parte de otra banda narco. El Quemado creía que estaba asesinando a miembros de otra de las barras narco, pero estaba liquidando a tres militantes populares. En uno u otro caso, él sabía que contaba con un sólido paraguas policial.

La Masacre de Villa Moreno reveló un entramado que, si bien popularmente conocido, emergió con toda su magnitud y con furia. Las bandas de narcos, reclutadas entre barrabravas o jóvenes de los barrios más populares de Rosario, funcionan con el explícito apoyo, financiamiento, logística y organización de la Policía Santafesina. En este caso , la Comisaría 19 de Rosario es la que protege obscenamente al Quemado, sus kioskos y a los suyos. Pero no solamente: en las escuchas a las que tuvo acceso la Comisión Investigadora independiente encabezada por Carlos del Frade, salta que los imputados conocen que tienen los teléfonos intervenidos, información que solo puede provenir de las Tropas de Operaciones Especiales, las TOE, que organizan ese “rubro” de actividades.

La movilización popular que comenzó inmediatamente y que unió a diversas organizaciones políticas y sociales, sumada a lo escandaloso del caso, y a la impunidad con que se manejó esta banda de “killers”, hizo que estos días sea ratificado el procesamiento contra El Quemado Rodríguez, organizador de la banda que actuó en el terreno, que deberá ser juzgado junto al resto de

los asesinos.

Narcopolicía

El develarse la explícita cobertura y organización policial de esta índole de bandas, fue solamente uno de los hechos en los que la Policía reveló su naturaleza de clase y su rol. Pocos meses después, el Comisario Mayor Hugo Tognoli, caía detenido por existir escuchas y otras pruebas de que es el organizador de redes de narco y de las “whiskerías” (redes de trata). En una grabación, un proxeneta pregunta a un comisario local cuánto hay que “poner” para tener la “habilitación” para vender cocaína en su cabaret, y la rspuesta no permite equívocos: “30 mil pesos a Tognoli”. Por otro lado, un grupo de policías fue procesado por dar protección (informar de aperativos, alertar persecusiones) al narco Vasco Ascaíni. Aunque algunas “almas puras” demócratas quieran señalar al narcotráfico y a la trata de mujeres como indeseables desviaciones, por el contrario, se tratan de grandes negocios capitalistas que mueven miles de millones de dólares, y que solo pueden existir y extenderse por la burda complicidad del Estado, los grandes grupos capitalistas “legales” y por la organización policial.

Hasta aquí, denunciar el rol social pro capitalista, delincuencial y narco de la Policía Santafesina de conjunto, frente a todas las políticas que desde el kirchnerismo, desde sectores de la izquierda partidaria o independiente, o desde la centroizquierda, quieren reformarla, se ve facilitado por toda una serie de “probatorias”. La Policía fue la organizadora del asesinato de la dirigente del sindicato AMMAR (Asociación de Meretrices), que denunció el maltrato y las vejaciones contra mujeres en situación de calle; miembros policiales fueron los seguros responsables del brutal asesinato de Silvia Suppo, testigo en una causa contra policías penitenciarios y contra el Juez Brusa por su participación en la dictadura; la Santafesina SA tiene en su haber el número más alto de víctimas asesinadas durante el 19 y 20 de diciembre de 2001, cifra que se eleva a 8, entre ellos varios niños.

Viendo este prontuario político, al que hay que sumarle los cientos de casos de “gatillo fácil”, que elevan a Santa Fe al tope de las estadísticas que elabora la CORREPI, o los “ajustes de cuentas” encubiertos, es posible concluir que la Policía Santafesina opera como una verdadera “asociación ilícita” que organiza el narcotráfico, reprime la protesta social, y organiza tareas de “elite” al perseguir referentes e, incluso, asesinarlos. Todo al mismo tiempo que promueve las banditas y los soldaditos, y mientras pone a raya al resto de los más de 150 mil desocupados, obreros y trabajadores que viven en las villas miseria o barrios de emergencia en Rosario, más del 10% de la población.

A los que se sorprenden por la “corrupción” policial, cabe responder que denunciarla es como criticar el veneno del escorpión: es constitutivo de su naturaleza. Sin él, no sería lo que es. Ni el escorpión ni la policía.

La división de poderes de la que se jactan los republicanos, funciona como un aceitado mecanismo de impunidad y encubrimiento mutuo: los gobiernos del PS y el PJ utilizan a la policía para la represión y “control” de los barrios, y para sofocar brutalmente la lucha de clases; la polícía juega su propio rol organizador de negocios y droga; la justicia absuelve sistemáticamente a los policías y a los funcionarios de gobierno, o condena a subordinados por excesos supuestos, por ser “manzanas podridas”. Así, vimos la absolución de los policías que encubrieron a Ascaíni, vimos la liberación de Tognoli, vimos la impunidad en la Causa Suppo, en el asesinato de Sandra Cabrera y en los del 19 y 20 de diciembre. Demás está decir que el intento en la Causa Villa Moreno será reducir las responsabilidades al Quemado Rodríguez y su puñado de cómplices, metiendo la cabeza para no ver el brutal, impune mecanismo estatal y policial que esto acarrea.

Control y represión estatal

Los 5 muertos que dejó este fin de año en Rosario comprometen al PS y al binnerismo en una represión clásica a un estallido social. Cuando emergió toda la podredumbre de Tognoli, el FAP-PS trató de vender la versión de que eran inocentes funcionarios que no eran responsables ni conocían la trama oculta de los policías que ascendieron. Esto de por sí es autoincriminatorio: ¿cómo reconocer que no controlan su policía? Luego pasaron, el ministro Lamberto y el FAP, lisa y llanamente a defender a Tognoli. Luego mandaron con brutalidad la represión el 19 y 20 de diciembre de 2012.

En esas jornadas sangrientas, una persona al menos fue asesinada por las balas policiales durante los saqueos, y una segunda fue asesinada el día anterior, cuando se daban los piquetes contra las consecuencias de la inundación. La farsa afirmada por Binner de que no se trataba de piquetes contra la pobreza sino de actos vandálicos, muere en este hecho y confirma que no son más que argumentos para autoindultarse de haber asesinado personas en una “protesta social”. Algo frente a lo que, en lugar de ponerlo como una agenda prioritaria, la conducción de la CTA viene mirando al costado. A nivel nacional, silenciando de manera criminal todo el derrotero de Binner y cía, y a nivel local enfrentándose rutinariamente solo en el ámbito paritario, pero no enfrentando al FAP en el terreno político, lo cual implica ponerse a la cabeza de la denuncia no solo de este crimen, sino de las complicidades estatales evidentes. Las agrupaciones K, por su lado, se rasgan las vestiduras con cinismo en Santa Fe, pero 1) silencian todos los crímenes de las policías que responden a gobernadores propios, como contra los originarios Qom; 2) en Rosario minutos antes de la represión a los saqueos, estaban pidiendo una policía rosarina como la que Macri obtuvo en Capital, justamente con el apoyo del kirchnerismo porteño.

El 2013 seguramente sea el año del juicio por la Masacre de Villa Moreno, hecho por el que habrá una movilización el 4 de enero. Como desde el 1 de enero del 2012, allí estaremos con los compañeros de militancia de Patom, Mono y Jere, y con todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales que reclamamos justicia. Hace falta que desde el 4 hasta que dure este proceso, todas las organizaciones movilicen y se jueguen con todo, sin mezquindades, exigiendo justicia para los chicos de Villa Moreno. Que sea parte de la agenda de toda organización estudiantil o política. ¿O se puede seriamente construir una organización sindical o de estudiantes combativa, sin denunciar con miles de cuerpos que la policía mata a pibes y a militantes para instalar al narcotráfico?

El pedido de que paguen los responsables de asesinar y de organizar el fusilamiento de los compañeros de Villa Moreno, hay que encararlo como una campaña de denuncia sistemática del rol de la fuerza policial y del Estado capitalista de conjunto, para develar el rol político de la Policía, que no es otro que el de perpetuar al capitalismo, sus miserias y su podredumbre. Lo contrario a toda ilusión en depurar esas fuerzas de naturaleza antiobrera y antipopular.

Anuncios