A propósito de Córdoba: sobre las narco-policías y el gran ejemplo de ATEN (co-escrito con Lihuel Bustamante, delegado de Amsafé Rosario)

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Los sucesos en Córdoba a raíz del amotinamiento policial, vuelven a abrir el debate sobre qué política tener ante las fuerzas represivas (y su imbricación con las bandas narcos) por parte de las organizaciones combativas del movimiento obrero, estudiantil y los partidos de la izquierda.

Este debate ya no es una cuestión de posicionamientos o comunicados, sino que la izquierda tiene un peso político expresado en el apoyo de 1.2 millones de trabajadores y jóvenes al FIT, con tres diputados nacionales y otros tantos provinciales. Además los sectores clasistas y combativos acrecientan su influencia, como lo muestran las recientes elecciones en la Comisión Interna de Kraft Terrabusi (donde ganó por cuarta elección consecutiva la lista que impulsa el PTS), en Ademys, en ATEN, en los 4 centros de estudiantes de la UBA ganados por listas del Frente de Izquierda, en el movimiento de DDHH no cooptado por el kirchnerismo, etc. A esto se suman otras organizaciones sindicales recuperadas de la burocracia (como es el sindicato docente Amsafé Rosario), que mantienen independencia política de los gobiernos, acrecentando las perspectivas de intervenir con fuerza ante una asunto hasta ahora hegemonizado por la agenda derechizada del gobierno y la oposición patronal.

La emergencia de lo que no se quiere ver

En las principales ciudades del país, los sectores más marginados, que no ganaron con las “tasas chinas”, sufren con particular dureza los primeros pasos del ajuste del “marxista” Kicilof. Sin estabilidad laboral, viviendas ni derecho siquiera a caminar por las zonas acomodadas de la ciudad, coexisten con el enorme enriquecimiento de una minoría que goza del boom sojero e inmobiliario.

La policía y los narcos cumplen el rol de disciplinamiento de los trabajadores y especialmente sus sectores más vulnerables. En Córdoba esto no es una discusión general o abstracta: que en un motín de 24 horas de la policía, los barrios más oprimidos emerjan con violencia tomando la “ciudad prohibida”, independientemente del debate sobre el método de los saqueos, expresa que la policía oficia de “seguridad privada” para nadie se cuele en la fiesta.

A diferencia de lo que creen algunos sectores progresistas o de la izquierda (como los compañeros de IS que piensan que con pacifico sindicalismo se puede convencer a las policías de no reprimir), no se trata de un problema ideológico, sino material. Se puede hablar de una “doble función” de las policías, por un lado como pilar del estado, por el otro, como corporación organizadora del gran delito, siendo el narcotráfico, entre otros, un negocio millonario con paraguas estatal y colaboración directa de sectores capitalistas concentrados que garantizan el lavado de dinero y la libre circulación por las grandes terminales portuarias privatizadas.

En ambas facetas, que se complementan recíprocamente, las fuerzas policiales defienden el status quo: como brazo armado del Estado, la propiedad privada y la “fiesta para pocos”, como gestora del gran delito, la desigualdad y el control de los ghetos donde se encierra a los desposeídos que nutren la “fuerza de trabajo” controlada por las bandas narcos. Esto no significa que por su carácter de cuerpo mafioso no pueda protagonizar eventuales enfrentamientos con el personal político de turno, que sin embargo la protege, como lo demuestran la balacera a Bonfatti y el motín contra De La Sota. Pero en ningún caso tiene reclamos progresivos, excepto cuando un ascenso revolucionario de los trabajadores y sectores del pueblo pobre “convence” a sectores de base de las fuerzas de seguridad de no acompañar al “mando” en su labor represiva. Este, claramente, no es el escenario que se vive en Córdoba, donde negociados los salarios se vuelve a la función represiva sin escalas.

Un problema estratégico

De más está decir que la impunidad policial se limitaría enormemente, no sindicalizándola, sino si los sindicatos de trabajadores lucharan por terminar con la precarización laboral, en lugar de llegar al extremo en algunos casos de bancar que se pague menos a un metalúrgico que a un soldadito narco. O si se atacara a la desocupación, repartiendo las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, pero sin bajar los salarios.

En cambio, la política de “criminalización” de los pobres es equivalente a fortalecer al entramado que une a narcos, fuerzas policiales, barrabravas, punteros del PJ y burocracias sindicales; por ejemplo aquellas ligadas a la administración de los puertos y las aduanas que ya vimos actuar contra los trabajadores del Casino Flotante de Buenos Aires, o la UOCRA cuyas patotas andan armadas con chalecos y escopetas policiales, o la patota de la UF que gracias a la zona liberada pudo perpetrar el asesinato de Mariano Ferreyra. Ante la crisis del “partido militar”, las patronales harán uso de este entramado contra la huelgas y manifestaciones de los trabajadores, y ante un ascenso obrero será uno de los nidos donde reclutará “mano de obra” las futuras Triples A (de paso, qué gran acierto jurar por los caídos de la Triple A que tuvo Nicolás Del Caño, el tema tabú sobre el cual nunca se animó a hablar el kirchnerismo). Es un ejemplo revelador que la patronal de la fábrica Liliana, ante la rebelión de los metalúrgicos precarios, haya recurrido al conocido abogado de narcos Krupnik, y a un ex militar que tuvo cargo jerárquico en Malvinas.

Desde este punto de vista, las políticas de sindicalización de las fuerzas policiales que defienden sectores de la izquierda, como los compañeros de IS (o un comunicado de PO sobre el amotinamiento propugnando la “creación de una nueva fuerza” sin aclarar su contenido de clase), nos hablan de estrategias que solo pretenden el aprovechamiento táctico de las conquistas actuales del FIT, y de una adaptación al humor social de las clases medias, pero que no se preparan de ninguna manera para que la clase obrera gane posiciones (y aliados) orientada para la lucha de clases más aguda, que los acontecimientos cordobeses parecen estar preanunciando.

El gran ejemplo de ATEN frente al gatillo fácil, y cómo retomarlo en Amsafé Rosario

Al contrario, el paro de los gremios de la CTA que impulsaron desde el primer momento ATEN, con apoyo e impulso del Sindicato Ceramista de Neuquén y de los docentes universitarios, en apoyo a un “pibe con gorrita” asesinado por ser testigo de un caso emblemático de gatillo fácil, es un muy gran ejemplo. Que un sindicato con enorme peso político y social como ATEN encabece una medida al servicio de la juventud reprimida por la misma policía asesina de Fuentealba, es muy importante. En todo el país, los sindicatos docentes, donde el Frente de Izquierda tiene importante peso, pueden jugar un rol especialmente progresivo ante las agendas derechizadas de criminalización, actuando de nexo entre sectores de las clases trabajadoras y las clases medias progresistas.

Es un ejemplo para que cada gremio docente recuperado levante con orgullo y convicción. En el caso de Amsafé Rosario, si tomara medidas o avanzara en una práctica de intervención política permanente en el sentido de la acción de ATEN, sin duda se convertiría en un factor decisivo y auspicioso en una provincia donde cada año las bandas narcos asesinan a cientos de jóvenes, y a la vez una joven clase obrera furiosamente precarizada busca las vías para organizarse, como hicieron los metalúrgicos de Liliana. El nivel de crisis social santafesina interpela especialmente a los compañeros de la conducción de Amsafé Rosario, en cuya directiva se encuentra PO, a dejar todo abstencionismo en este terreno y cambiar una orientanción que se limita a pelear solo por sus propias reivindicaciones salariales, por una que tienda su sólida mano a los cientos de trabajadores no organizados, aquellos abandonados por los sindicatos corruptos, y a los “pibes con gorrita” reprimidos por la narco-policía. Lo vale también para la CTA Rosario y para los centros de estudiantes conducidos por el PCR y el FPDS, que llegaron a avalar la instalación de guardias de seguridad en las Facultades de la Siberia.

La perspectiva que nos planteamos desde el PTS, de apoyarnos en las enormes conquistas del FIT para recuperar los sindicatos, tiene el objetivo, entre otras cosas, de dar una respuesta obrera ante la crisis social que cocina el “fin de ciclo” kirchnerista, multiplicando los ejemplos como el que acaba de dar ATEN y el Sindicato Ceramista de Neuquén, generoso en gestas de este tipo a lo largo de su historia. Esto es parte de una estrategia de preparación consciente para la lucha de clases, donde cada puesto parlamentario y cada avance en sindicatos y centros de estudiantes estarán al servicio de la misma y no al revés. Esto es, abiertamente, un llamamiento a rever la orientación de algunas organizaciones sociales o sindicales “recuperadas” que no se proponen que la clase trabajadora conquiste y organice a los sectores más postergados.

Finalmente, ponemos en debate, mientras impulsamos una política de deslegitimación de las fuerzas policiales, lo que sostenemos como única salida estratégica frente a las fuerzas policiales y represivas “la necesidad de la puesta en pie de una institución propia de la clase obrera y los sectores populares, que solo puede surgir de la más amplia movilización por todas sus demandas sociales y enfrentando a los verdaderos enemigos del pueblo, y sobre la base del desmantelamiento de este aparato represivo creado y educado para reprimir al pueblo. Una institución que debe tener como principio constitutivo la prohibición de la represión a los trabajadores y el pueblo” (ver acá).

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