A oscuras y sin agua en la provincia “normal” de Binner.

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Este diciembre caliente abrió otro frente de crisis: la energética. Una vez más, la pagan los trabajadores y el pueblo con masivos cortes de luz en las principales ciudades. Además, la zona sur de Rosario se ve afectada por cortes de agua de varios días. Así, los trabajadores no tienen ni siquiera el derecho a los servicios elementales en sus hogares, luego de largas jornadas de trabajo, con temperaturas de entre 38 y 40 grados.

EPE: tarifazo sin inversión

Los gobiernos esquivan la pelota. Cada cual da su diagnóstico. El gobierno nacional niega la crisis energética (que sin embargo fue la justificación de los acuerdos entreguistas con Chevron y la Repsol) y culpabiliza a las empresas distribuidoras, que sin duda son también responsables, pero ocultando que bajo el kirchnerismo se mantuvo el esquema privatista de los 90 que benefició a dichas empresas.  Tanto gobierno y oposición discuten como salida aumentar las tarifas.

En Santa Fe, el gobernante Partido Socialista no puede acusar a la EPE directamente, porque es estatal. En cambio, desde que asumió la gobernación con Binner en 2007 responsabilizó a la herencia de vaciamiento que dejaron una veintena de años de gobiernos del PJ (que sin dudas fueron vaciadores) y plantearon que era necesario aumentar las tarifas para poder invertir. En estos 6 años, las tarifas de la EPE aumentaron 10 veces, llegando a ser de las más caras del país. Pero la promesa solo se cumplió por la mitad: la inversión disminuyó. La EPE pasó de recaudar por venta de electricidad 1.100.000 millones de pesos en el 2007 a 5.000.000 millones de pesos en 2012. Sin embargo las inversiones en obras y equipamientos pasaron de 100 millones de pesos en el 2007 (un 10% del total recaudado) a 340 millones proyectados en el presupuesto 2013, vale decir que la inversión bajo a un 6,5% del total recaudado.

La catarata de aumentos de tarifas no fue a las inversiones prometidas. Santa Fe es una muestra de que los aumentos que planifican en ciudad y provincia de Buenos Aires no solucionan la crisis energética, sino que la descargan sobre los trabajadores, pateando los problemas para adelante.

Boom de la soja y la construcción, bomba de tiempo.

A pesar del aumento de tarifas y de recaudación de las empresas de servicios (sean privadas como Litoral Gas o estatales pero vaciadas como Aguas Santafesinas y la EPE), los servicios esenciales en la provincia y en Rosario en particular están al borde del colapso.

Según las cifras oficiales, el boom de la construcción que benefició a grandes especuladores inmobiliarios y constructoras, levantó la exorbitante cantidad de 4 millones de m2, con más de 10 mil permisos de edificación otorgados, que incorporaron 50 mil nuevas unidades para vivienda. La mayoría de estos emprendimientos se concentra en un área reducida, la más cotizada, ubicada en el centro de la ciudad. Pero esta friolera de ladrillos se levantó sobre una base de servicios obsoletos, con caños de agua que en algunos casos tienen 120 años de antigüedad, instalaciones de gas sin las elementales medidas de seguridad y cableados y generadores que tienen desperfectos al primer calor del año. Hay que decir que las altas temperaturas veraniegas no son novedad en Rosario, y en todo caso su exacerbación es otro dato alarmante de los altos índices de contaminación ambiental que se dispararon con el otro boom, el sojero, que a su vez alimenta el boom inmobiliario.

Esta crisis del sistema de servicios se manifestó trágicamente en la explosión de Salta y Oroño y se complementa con la impunidad empresaria de Litoral Gas. Esta semana, se zafó por azar lo que podría haber sido una nueva tragedia: en Laprida al 800, microcentro rosarino, un desperfecto eléctrico provocó la rotura de un caño y una fuga de gas, que afortunadamente no se dio dentro de un edificio sino al aire libre.

Si esto sucede en el microcentro del “boom inmobiliario”, no hace falta ni describir el panorama de los barrios populares. Las mayorías trabajadoras alquilan de por vida y pagan un impuesto inmobiliario altísimo que es la principal fuente de recaudación fiscal de la provincia, pero que no se traduce en inversiones ni mejoras de los servicios públicos. Decenas de barrios sin cloacas ni servicios elementales. Y encima ahora sin luz. El 65% de la provincia ni siquiera cuenta con conexión de gas natural.

Basta de cortar la luz a los hogares. Control de trabajadores y usuarios sobre las empresas de servicios.

Sin embargo, esto no significa, como repiten todos los gobiernos, que “la culpa es de los aires acondicionados y los ventiladores” y que por eso “no queda otra opción” más que cortar la luz “preventivamente” a los hogares para que no colapse el sistema. En realidad, el consumo de electricidad de los hogares significa solo el 27% del consumo total de energía eléctrica de la provincia de Santa Fe según datos de la EPE. En cambio, un puñado de multinacionales (cuya facturación por minuto se cuenta por millones) e industrias concentran el 60% el consumo de energía eléctrica provincial. Es decir que ante la escasez producto del vaciamiento de los gobiernos, de ninguna manera es necesario cortar la luz a los hogares de los trabajadores y las clases medias. Hay que exigir que los empresarios que amasan fortunas inviertan en lo inmediato en generadores y todos los paliativos necesarios para evitar colapsar el sistema. ¿Por qué un trabajador precarizado debe vivir sin agua y sin luz durante días, luego de trabajar entre 8 y 16 hs., para ahorrar energía, pero las grandes multinacionales agroexportadoras tienen canilla libre para consumir la energía de todos los santafesinos, sin invertir un peso en mejorar la red de servicios?

Finalmente, como solución de fondo es necesaria la estatización de todas las privatizadas. Pero como demuestran la EPE y Aguas Santafesinas, con estatizarlas no alcanza. Tampoco con organismos de control a cargo de los mismos gobiernos que durante décadas son responsables del vaciamiento y juegan con la vida de usuarios y trabajadores. Es necesario el establecimiento del control de trabajadores y usuarios sobre las empresas de servicios, con colaboración de técnicos e ingenieros de las universidades públicas. Solo los trabajadores y los usuarios están interesados en brindar un servicio de calidad y seguro.

Santa Fe, una vez más, demuestra que la supuesta estatización de Edenor y Edesur con la que amenaza Capitanich no soluciona en sí mismo el problema. Sin control de los trabajadores y usuarios, sigue el vaciamiento y la especulación aunque las empresas sean estatales. Hay que estatizar: sí, para impedir que empresas especuladoras lucren con los servicios elementales y jueguen con la vida como Litoral GAS. Pero ademas de ser estatales, todos los servicios deben estar bajo control de trabajadores y usuarios.

Adicionalmente, es necesario un plan de obras públicas para invertir en servicios y vivienda, financiado con impuestos a las grandes fortunas y con la nacionalización de los puertos y los grandes terratenientes. Esto sin dudas está por fuera de la agenda del gobierno nacional y provincial, que al contrario, están atacando las condiciones de vida de los trabajadores con más ajuste e inflación.  Por eso solamente se podrá conquistar con la lucha de los trabajadores y la juventud.

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